428 Millones y Ningún Recibo: Lo que Manabí Aprendió Sobre Fiscalizar la Ayuda Después de un Terremoto

Conocí a una comerciante del sector Tarqui, en Portoviejo, que llevaba dieciocho años vendiendo telas en un local heredado de su madre. La noche del 16 de abril de 2016 cerró su negocio como cualquier sábado, contó la caja, apagó las luces y se fue a cenar con su familia a pocas cuadras de ahí. A las 18:58, un terremoto de magnitud 7,8 con epicentro entre Pedernales y Cojimíes sacudió la costa ecuatoriana. Cuando volvió a su local esa misma noche, la fachada de dos pisos que había sostenido su negocio durante casi dos décadas ya no estaba en pie.

No estaba sola. El sismo destruyó más de 7 mil edificaciones en el país y dejó daños en otras 26 mil. En Manabí, la provincia más golpeada, el 60% de la infraestructura sufrió afectaciones, viviendas, edificios institucionales, hoteles y locales comerciales por igual. El casco comercial de Portoviejo y Tarqui, el corazón económico de la provincia, quedó reducido a escombros en cuestión de minutos. El Ministerio de Industrias calculó después que la actividad comercial perdió 428 millones de dólares, la mitad del impacto económico total sufrido por el sector productivo en las zonas afectadas.

El giro: la ayuda llegó, pero nadie sabía a dónde había ido

Aquí está el dato que cambia la conversación entre gremios empresariales y autoridades locales. Cuando el terremoto golpeó Manabí en 2016, no existía todavía ningún estándar internacional específico para que los organismos de control fiscalizaran cómo se gastaban los fondos de reconstrucción tras un desastre. La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, no aprobó su guía GUID 5330 sobre auditoría de gestión de desastres sino hasta 2020, cuatro años después del terremoto ecuatoriano. Esa guía existe precisamente para evaluar si las medidas de reducción de riesgo, la respuesta de emergencia y la reconstrucción posterior cuentan con controles adecuados, y para fiscalizar flujos de ayuda que suelen involucrar a la vez a gobiernos donantes, organismos internacionales y gobiernos receptores, cada uno con sus propios criterios de reporte.

La comerciante de Tarqui esperó el subsidio de reconstrucción prometido por el gobierno durante meses. Su reclamo se perdió entre listas de damnificados que se actualizaban sin criterio claro, entre créditos productivos que exigían documentación que ella había perdido bajo los escombros, y entre anuncios oficiales de fondos millonarios que, según pudo reconstruir después con ayuda de su gremio, no siempre llegaron a quienes más los necesitaban en el sector informal y las pequeñas empresas familiares. No fue que la ayuda no existiera. Fue que nadie, ni ella ni las autoridades, tenía un mecanismo claro para rastrear si esa ayuda había llegado a donde se suponía que debía llegar.

Lo que la cuenta final terminó demostrando

El sismo dejó 656 personas fallecidas y más de 16 mil 600 heridas, además de pérdidas económicas totales que superaron los 3 mil millones de dólares. De esa cifra, el comercio, el turismo y el sector camaronero concentraron las mayores secuelas económicas en Manabí. Nueve años después del terremoto, buena parte de la reconstrucción física de Portoviejo y otras ciudades manabitas se completó, pero el debate sobre la trazabilidad de los fondos de reconstrucción sigue apareciendo en foros gremiales y académicos como una de las lecciones institucionales más caras del proceso.

Piénsalo un momento: una guía técnica que hoy existe y que le habría dado a los organismos de control ecuatorianos un marco claro para auditar esos flujos de ayuda se aprobó cuatro años después de que esa comerciante necesitara exactamente eso. La lección no es solo para los gobiernos. Es también para cada empresa que asume, después de un desastre, que la ayuda prometida llegará simplemente porque fue anunciada.

Lo que sí funciona

Primero, lleve su propio registro auditable de pérdidas desde el primer día después de cualquier desastre: fotos con fecha, inventarios, facturas de reposición y comunicaciones con cualquier organismo de ayuda. Ese registro es lo que le permite exigir cuentas después, no solo esperar.

Segundo, si su empresa o gremio recibe promesas de subsidio, crédito blando o apoyo de reconstrucción, pida por escrito los criterios de elegibilidad y los plazos de desembolso desde el primer anuncio. La ambigüedad en esos criterios es, casi siempre, la primera señal de que el proceso será lento o desigual.

Tercero, organícese con otros negocios del sector o la zona para dar seguimiento colectivo a los fondos de reconstrucción anunciados. Un gremio que hace preguntas en conjunto tiene más peso, y más información, que un comerciante individual esperando su turno.

Cuarto, no dependa de un solo canal de ayuda. Combine gestiones ante el gobierno local, líneas de crédito privadas y, si existe, cobertura de seguro, en lugar de esperar exclusivamente a que un solo programa estatal resuelva su situación.

Quinto, si su empresa participa en la fase de reconstrucción como proveedor o contratista, exija procesos de contratación transparentes y auditables. La opacidad en la asignación de contratos de reconstrucción es uno de los riesgos reputacionales y legales más altos que enfrenta cualquier empresa en esa etapa.

Sexto, apoye o exija, desde su gremio o cámara empresarial, la adopción de estándares de fiscalización posdesastre como los que hoy ofrece la guía GUID 5330 de INTOSAI, incluso si su país todavía no los ha incorporado formalmente. Conocer el estándar internacional le da un lenguaje claro para exigir rendición de cuentas.

El cierre

La comerciante de Tarqui reabrió su local año y medio después del terremoto, en un espacio más pequeño, financiado en su mayoría con ahorros familiares y un crédito que consiguió por su cuenta, no con el subsidio que había esperado. Su vecino de local, un ferretero que vendía en la acera de enfrente desde antes de que ella naciera, decidió no reabrir. Los dos habían presentado la misma solicitud de ayuda el mismo mes, en la misma oficina.

Hoy, cuando alguien en su gremio menciona la palabra "ayuda" después de un desastre, ella hace la misma pregunta primero: ¿y quién va a auditar que esa ayuda llegue?