El 88% Invisible: Lo Que las Cifras Oficiales de un Desastre Nunca le Dicen a su Empresa

Hace unos años me senté en la sala de juntas de un cliente en Santo Domingo, dos semanas después de que un huracán categoría 3 pasara a cuarenta kilómetros de su planta. En la pantalla del televisor, el presidente anunciaba en cadena nacional un paquete de reconstrucción de varios cientos de millones de dólares. El CFO, sentado frente a mí, bajó el volumen y me hizo una pregunta que todavía recuerdo palabra por palabra: "¿y a nosotros, cuándo nos llega esa plata?"

No le llegó. Ni un dólar.

No fue mala suerte ni mala gestión del gobierno. Fue aritmética. Y esa aritmética tiene nombre: se llama evaluación DALA, por Damage and Loss Assessment, la metodología que la CEPAL diseñó desde 1973 (la estrenó en el terremoto de Managua) para medir cuánto cuesta un desastre. Cada vez que un huracán, un sismo o una inundación golpea un país, un equipo técnico sale a contar postes eléctricos caídos, carreteras rotas, cultivos perdidos y fábricas paralizadas. Todo eso se agrupa en dos columnas: sector público y sector privado. Y ahí empieza el problema para cualquier empresa que no ha leído nunca uno de estos informes.

La pescadería que nadie ve en las noticias

La propia CEPAL explica su metodología con un ejemplo casi doméstico. Imagine un huracán que derriba postes de electricidad. Reponerlos es un "daño": se puede medir en metros de cable y valor de reposición. Pero mientras no hay electricidad, la pescadería del barrio deja de vender pescado, sus empleados dejan de cobrar turno completo y el hielo se derrite junto con el inventario. Eso es una "pérdida": ingresos que nunca vuelven, aunque el poste se reponga en una semana.

El poste lo paga, casi siempre, el Estado. La pescadería absorbe la pérdida sola.

Multiplique esa pescadería por miles de empresas y tiene la fotografía real de cualquier desastre en la región. Cuando Honduras evaluó el paso de los huracanes Eta e Iota en 2020, el informe DALA de la CEPAL registró efectos por 36.210 millones de lempiras en el sector privado, frente a 9.458 millones en el sector público. El privado cargó con casi cuatro de cada cinco lempiras perdidos. En Bahamas, tras el huracán Dorian, la proporción fue todavía más extrema: el 88% de los efectos económicos del desastre recayó sobre empresas y hogares, no sobre el Estado.

Piénselo un momento: ocho de cada diez dólares que un desastre destruye en la economía salen del bolsillo de alguien que no tiene micrófono en la rueda de prensa presidencial.

El giro que casi nadie anticipa

Aquí está la parte que sorprende incluso a directores financieros con años de experiencia: esta asimetría no es un accidente del sistema, es el diseño del sistema. Los fondos de reconstrucción y los créditos de organismos multilaterales se negocian entre gobiernos, para reconstruir carreteras, hospitales y escuelas. Es lógico: son bienes públicos. Pero eso significa que la ayuda que domina el titular de prensa (esos "varios cientos de millones de dólares" que escuchó mi cliente en la televisión) casi nunca contempla una línea de partida para reponer la maquinaria de una fábrica textil o el inventario de una ferretería.

El CFO de Santo Domingo no estaba mal informado. Estaba leyendo el mapa equivocado. Confundió el anuncio de reconstrucción nacional con un plan de rescate empresarial, y son dos cosas distintas que rara vez se tocan.

Hay una razón adicional, menos visible, para que esta asimetría se mantenga. Los créditos de organismos multilaterales que financian la reconstrucción se negocian gobierno a gobierno, y suelen exigir contrapartida fiscal y garantías soberanas. Ninguna empresa privada, por grande que sea, puede ofrecer eso. Así que aunque el monto total del paquete de ayuda suene generoso en la cadena nacional, la arquitectura financiera detrás de ese anuncio está diseñada, desde el origen, para no llegar más allá de la infraestructura pública. No es negligencia de nadie en particular. Es, otra vez, el diseño del sistema.

Lo que sí puede hacer su empresa, empezando mañana

La buena noticia es que estos informes DALA y PDNA son públicos. La CEPAL los publica país por país, desastre por desastre, con el desglose exacto entre lo público y lo privado. Y eso convierte algo que suena a estadística lejana en una herramienta de planificación muy concreta.

Primero, busque el último informe DALA o PDNA de su país (o de uno con perfil de riesgo similar) y localice la tabla de distribución por sector institucional. Ese único número le dice, con evidencia real y no con intuición, qué porcentaje de las pérdidas de la próxima catástrofe caerá directamente sobre su balance.

Segundo, use ese porcentaje para dimensionar su reserva de contingencia. Si en su país el sector privado históricamente absorbe entre el 75% y el 90% de las pérdidas, una póliza que solo cubre el edificio y dejó fuera el lucro cesante no está protegiendo lo que realmente está en riesgo.

Tercero, deje de esperar al Estado como plan A. Explore coberturas paramétricas, que pagan por la ocurrencia del evento (viento sobre cierta velocidad, sismo sobre cierta magnitud) y no por el trámite lento de un ajustador después. En una reconstrucción nacional que puede tardar años en llegar a la calle donde está su negocio, la velocidad del pago lo es todo.

Cuarto, y esto cuesta cero dólares: incluya en su comité de riesgo una revisión anual de los informes DALA o PDNA disponibles en la región. No son lectura de sobremesa, pero son el documento más honesto que existe sobre quién paga realmente la factura de un desastre.

El cierre que no sale en la rueda de prensa

Meses después de esa reunión en Santo Domingo, volví a la planta de mi cliente. Habían reconstruido con recursos propios y un préstamo bancario a tasa comercial, sin subsidio, sin condonación, sin cadena nacional de televisión. En la entrada, alguien había puesto un cartel improvisado: "Reabrimos por nuestra cuenta." No era un reclamo. Era, sencillamente, la estadística del 88% hecha letrero.